En medio de un contexto donde la violencia de género continúa interpelando la eficacia de los sistemas judiciales, el análisis de la prueba adquiere un rol determinante para evitar la impunidad y garantizar decisiones justas. Durante el V Congreso Departamental de Ciencias Penales, la fiscal peruana Katherine Borrero presentó una lectura comparada entre Perú y Bolivia, enfocada en cómo la jurisprudencia ha ido adaptando los criterios probatorios a la complejidad de estos delitos.
A lo largo de su intervención, Borrero —Fiscal Provincial Titular del 3° Despacho de la 3° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Centro— explicó que los delitos de violencia de género exigen un tratamiento probatorio distinto, debido a que suelen ocurrir en entornos privados, sin testigos directos y bajo relaciones de poder que condicionan la denuncia.
Desde esta perspectiva, destacó que tanto en Perú como en Bolivia se ha consolidado una línea jurisprudencial que reconoce el valor del testimonio de la víctima como prueba fundamental, siempre que se sustente en criterios como coherencia, persistencia y verosimilitud. Este enfoque busca superar las limitaciones tradicionales del sistema probatorio, donde la ausencia de pruebas materiales podía obstaculizar el acceso a la justicia.
La fiscal también subrayó el papel de los peritajes psicológicos y sociales como herramientas clave para evidenciar el impacto de la violencia y los patrones conductuales del agresor. Estos informes, junto con evaluaciones médicas y forenses, configuran un enfoque integral que debe ser analizado bajo una perspectiva de género, permitiendo comprender la dinámica real de los hechos.
En relación con la protección de las víctimas, Borrero enfatizó la necesidad de evitar su revictimización durante el proceso judicial. En ese marco, resaltó el uso de la Cámara Gesell como mecanismo que permite recoger declaraciones en condiciones adecuadas, reduciendo la exposición emocional y fortaleciendo la calidad del testimonio.
El análisis comparado evidenció que ambos países han avanzado en la incorporación de estándares más sensibles y especializados, aunque aún enfrentan desafíos estructurales en su implementación, particularmente en contextos donde persisten estereotipos de género o limitaciones institucionales.
Finalmente, la ponente sostuvo que la construcción de una jurisprudencia sólida en materia de violencia de género no solo contribuye a unificar criterios, sino que también fortalece la actuación de jueces, fiscales y operadores de justicia, promoviendo respuestas más eficaces y humanas frente a estos casos.
El V Congreso Departamental de Ciencias Penales, impulsado por la Universidad Privada Domingo Savio (UPDS) en alianza con la organización Abogado Joven, se destaca como un espacio académico de alto nivel, orientado a promover una visión moderna del derecho penal y a generar propuestas que respondan a las problemáticas estructurales de la justicia en la región.
