Ruddy Sánchez Coronado analiza el alcance de la Ley 1636 y las barreras estructurales en el acceso a la justicia
En el marco del debate jurídico contemporáneo sobre la protección de derechos humanos, especialmente en contextos de violencia de género y entornos digitales, surgen nuevos retos para el sistema judicial boliviano. Durante su participación, el docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UPDS, German Ruddy Sánchez Coronado, abordó la importancia de fortalecer la ruta de atención de delitos en razón de género, enfatizando la necesidad de un enfoque integral que priorice a los sectores más vulnerables de la sociedad.
El especialista, Doctor en Derecho Constitucional y Democracia, con maestrías en Derecho Penal y Procesal Penal, y actual asesor externo del Ministerio de Educación, centró su exposición en la aplicación de la Ley N.º 1636, de Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, promulgada en Bolivia el 9 de septiembre de 2025. En su análisis, destacó que niños, niñas y adolescentes se encuentran en una constante situación de vulnerabilidad, siendo más propensos a ser víctimas de engaños y a sufrir vulneraciones a sus derechos humanos.
Sánchez explicó que el Estado boliviano se encuentra en proceso de incorporar nuevas normativas inspiradas en estándares internacionales, como la denominada “Ley Brisa”, como respuesta a observaciones por incumplimientos en la investigación de delitos. En este contexto, remarcó la necesidad de que los operadores de justicia conozcan y apliquen adecuadamente el marco normativo vigente, siempre bajo el principio del interés superior del niño y la protección de otros grupos vulnerables, como mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.
Uno de los puntos clave de su intervención fue la incorporación de cinco nuevos tipos penales mediante la Ley 1636, enfocados en problemáticas como el grooming, sexting y sextorsión, delitos que en otros países ya eran regulados desde hace más de una década. Según explicó, esta normativa busca anticiparse al daño, estableciendo barreras de protección antes de que se produzca una afectación a la integridad de la víctima.
Sin embargo, advirtió que persisten importantes desafíos. Entre ellos, mencionó la falta de personal especializado, dificultades en la recepción de denuncias incluso con normativa vigente, y debilidades en el manejo de la prueba digital. Este último aspecto se ha vuelto especialmente complejo ante el avance de la inteligencia artificial, que puede facilitar la creación de pruebas manipuladas.
Asimismo, el jurista señaló que el cumplimiento del plazo de ocho días para la investigación preliminar, establecido en la Ley 348, continúa siendo una dificultad debido a la sobrecarga laboral y problemas estructurales dentro del sistema judicial. A pesar de los precedentes del Tribunal Constitucional que obligan a respetar este plazo, su aplicación efectiva aún enfrenta obstáculos.
Finalmente, Sánchez identificó que las fallas en la debida diligencia no se limitan a la normativa, sino que responden a un problema estructural más amplio, donde influyen la falta de acceso real a la justicia, la insuficiente institucionalización y la escasa especialización en la atención a víctimas vulnerables. En ese sentido, subrayó la urgencia de implementar estrategias complementarias como el ciberpatrullaje y políticas preventivas que acompañen los avances legislativos.
