Experta colombiana resalta que el futuro del trabajo debe construirse con base en la inclusión real, reconociendo la diversidad y garantizando la accesibilidad
En el marco de la segunda jornada del XIII Encuentro Anual de la Red Iberoamericana de Facultades y Escuelas de Derecho (RIFED), desarrollado en la Universidad Privada Domingo Savio (UPDS), la abogada colombiana Marcela Lissette Gómez presentó la ponencia “El futuro del trabajo es inclusivo: tecnología adaptativa y transformación digital”, en la que analizó los desafíos y oportunidades de un entorno laboral más equitativo.
Gómez, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Universidad del Atlántico y con más de 20 años de experiencia profesional, subrayó que el futuro del trabajo debe construirse con base en la inclusión real, reconociendo la diversidad y garantizando la accesibilidad. “Las organizaciones deben adaptarse a las personas, y no al revés”, afirmó, aclarando que la inclusión no debe entenderse como un favor, sino como un derecho respaldado por normativas internacionales como la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Durante su exposición, advirtió que la transformación digital y el avance de las nuevas tecnologías representan una doble cara: abren oportunidades para generar empleos más flexibles y satisfactorios, pero también pueden agravar la exclusión de sectores vulnerables. “Las poblaciones más vulnerables —personas con discapacidad, mujeres, adultos mayores, comunidades rurales y minorías étnicas— enfrentan barreras estructurales que limitan su participación efectiva en los nuevos ecosistemas laborales”, señaló.
La experta destacó el papel de la tecnología adaptativa como herramienta clave para cerrar estas brechas. Mencionó soluciones como lectores de pantalla, asistentes y comandos de voz, software de reconocimiento, aplicaciones en lenguaje claro y entornos inmersivos en realidad virtual como recursos efectivos para garantizar el acceso igualitario al empleo. “Estas soluciones permiten romper barreras específicas en entornos laborales tradicionales y deben formar parte del diseño universal desde el inicio”, insistió.
Asimismo, hizo un llamado a que las organizaciones asuman un compromiso activo con la inclusión tecnológica, y que las políticas públicas y normativas legales pasen de la declaración a la acción concreta. “La normativa debería ser más proactiva, estableciendo mandatos claros y estímulos para implementar inclusión real. Se trata de voluntad institucional y responsabilidad social”, remarcó.
Marcela Gómez concluyó su intervención recordando que la inclusión no es solo una meta legal, sino un principio de justicia social: “El verdadero impacto de la inclusión tecnológica no solo se mide en cumplimiento normativo, sino en la posibilidad de construir entornos laborales más humanos, diversos y justos”. Desde la Universidad Privada Domingo Savio, como anfitriona de este encuentro se destacó que este tipo de espacios permiten fortalecer el compromiso académico con los derechos humanos y el desarrollo de sociedades más inclusivas.
