El abogado penalista advirtió que el principal problema en el uso de la prisión preventiva es su aplicación sin cumplir los requisitos que establece la ley procesal, lo que pone en riesgo la libertad de personas potencialmente inocentes.
En el marco del XIII Encuentro Anual de la Red Iberoamericana de Facultades y Escuelas de Derecho (RIFED), realizado en la sede de la Universidad Privada Domingo Savio (UPDS) en Santa Cruz, el abogado Moisés Neil Paz Panduro, especialista en Derecho Penal y representante de la Universidad Nacional de Ucayali y la Universidad Católica Sedes Sapientiae, advirtió sobre el uso indebido de la prisión preventiva en procesos judiciales con alto perfil mediático.
Durante una entrevista posterior a su ponencia, titulada “Prisión preventiva y casos mediáticos”, el académico denunció que en muchos casos se están vulnerando derechos humanos fundamentales, especialmente el derecho a la libertad, al aplicarse esta medida sin que se cumplan los presupuestos establecidos en la ley.
“Se dicta prisión preventiva incluso cuando no hay peligro de fuga ni riesgo de obstaculización de la investigación. Estamos hablando, en muchos casos, de personas inocentes que no deberían estar en la cárcel”, alertó.
Paz Panduro explicó que la situación se agrava cuando los casos adquieren visibilidad pública. Según afirmó, fiscales y jueces terminan priorizando su seguridad institucional ante posibles sanciones o críticas mediáticas, en lugar de garantizar la justicia.
“Es más fácil para ellos ordenar la detención que enfrentar el riesgo de una suspensión por haber decidido en contra de lo que la presión social o mediática exige”, señaló.
El abogado también cuestionó el incumplimiento de normas legales básicas, como el artículo del Código Procesal Penal peruano de 2004, que prohíbe presentar a una persona como culpable sin sentencia firme. “Este artículo nunca ha sido respetado, ni siquiera por los periodistas más experimentados”, lamentó, señalando que esta práctica profundiza la estigmatización de los acusados.
Paz Panduro estimó que al menos un 30% de los procesados son inocentes, y criticó el desconocimiento generalizado del proceso penal por parte de la sociedad y los medios, quienes suelen ejercer una presión injusta sin comprender las implicaciones reales de un proceso judicial.
“Conocer el Derecho no es solo una cuestión académica; también implica litigar, acompañar casos reales, ver cómo funciona —o falla— el sistema en la práctica”, subrayó.
Finalmente, el especialista instó a que las políticas públicas no se distorsionen por el miedo institucional, la presión mediática o la urgencia de mostrar resultados ante la opinión pública, ya que estas prácticas ponen en riesgo la libertad de personas que no tienen ninguna relación real con los delitos que se les imputan. Con espacios como este, RIFED y la Universidad Privada Domingo Savio reafirman su papel como referentes en la promoción del diálogo académico y en la construcción de una comunidad jurídica comprometida con los desafíos contemporáneos del Derecho en Iberoamérica.
