El análisis académico del Caso La Manada permitió reflexionar sobre el consentimiento, la valoración de la prueba y los límites del poder punitivo, en un debate que conectó la experiencia de España con los desafíos actuales del sistema penal boliviano.
En el marco del V Congreso Departamental de Ciencias Penales, organizado por la UPDS en alianza estratégica con Abogado Joven, se desarrolló un profundo debate jurídico en torno al emblemático caso de Caso La Manada, un precedente que continúa marcando la discusión internacional sobre los límites del derecho penal frente a los delitos sexuales. La mesa contó con la participación de destacadas figuras del ámbito académico y litigante como María Celeste Jiménez Riveros, Javier García Valencia y Laura Kamila Toro Peña, quienes ofrecieron un análisis crítico desde distintas realidades jurídicas, conectando la experiencia de España con los desafíos actuales en Bolivia.
El debate permitió identificar uno de los principales nudos problemáticos del caso: la definición y alcance del consentimiento en delitos de agresión sexual. A partir de la experiencia comparada, se evidenció que muchos sistemas jurídicos aún sostienen estructuras normativas centradas en la violencia o la intimidación, dejando en segundo plano la necesidad de un consentimiento claro y verificable. En este contexto, se introdujo la discusión sobre el consentimiento positivo, impulsado en Bolivia a través de iniciativas como la Ley Brisa, que plantea la exigencia de una manifestación expresa de voluntad. Sin embargo, esta propuesta abre interrogantes relevantes en el ámbito probatorio, especialmente al trasladar a la víctima la carga de demostrar la ausencia de consentimiento, lo que representa una dificultad estructural dentro del proceso penal.
A nivel probatorio, los expositores coincidieron en que los delitos sexuales exponen con mayor intensidad la tensión entre la protección de la víctima y el respeto a las garantías del imputado. Se advirtió sobre el riesgo de flexibilizar los estándares de prueba en contextos de presión social o mediática, lo que podría derivar en decisiones influenciadas por el denominado populismo punitivo. En este escenario, surge una disyuntiva compleja para los Estados: reducir los niveles de impunidad o evitar condenas erróneas. Asimismo, se cuestionó el rol de los tribunales de alzada cuando revalorizan pruebas sin haber tenido contacto directo con ellas, lo que podría afectar principios fundamentales como la inmediación y el debido proceso.
Otro de los ejes de análisis fue la aplicación de la perspectiva de género en el juzgamiento de estos delitos. Si bien se reconoció su importancia como herramienta para visibilizar contextos de desigualdad y violencia estructural, también se advirtió que su uso desproporcionado podría comprometer garantías esenciales del proceso penal. En esta línea, se abordó el concepto de corroboración periférica, desarrollado en la jurisprudencia española, que permite reforzar la credibilidad del testimonio de la víctima a través de elementos indirectos, aunque su aplicación también ha generado debates respecto a la flexibilización probatoria.
El panel también incorporó una mirada menos explorada: la necesidad de una defensa con enfoque integral. Se planteó la importancia de analizar no solo a la víctima, sino también al imputado desde dimensiones psicológicas y contextuales, incluyendo factores como la neurodivergencia, que pueden incidir en la comprensión del comportamiento y en la construcción de una defensa técnica
más sólida. Esta perspectiva busca equilibrar el proceso penal, reconociendo la complejidad de todos los sujetos involucrados.
Finalmente, el caso permitió reflexionar sobre el rol de los tribunales en la evolución del derecho penal. Se sostuvo que decisiones como la del Caso La Manada pueden actuar como motores de cambio normativo, impulsando reformas legislativas ante vacíos o deficiencias del sistema. Este fenómeno abre el debate sobre los límites entre la función jurisdiccional y la legislativa, especialmente cuando los fallos judiciales adquieren un carácter ejemplificador que trasciende el caso concreto.
El análisis desarrollado en este espacio académico evidencia que el derecho penal contemporáneo enfrenta desafíos estructurales que exigen respuestas equilibradas y técnicamente sólidas. La protección de las víctimas de violencia sexual debe coexistir con el respeto irrestricto a las garantías procesales, evitando soluciones simplistas en contextos de alta sensibilidad social. En ese sentido, la UPDS, a través de este congreso, reafirma su compromiso con una formación jurídica crítica y actualizada, promoviendo propuestas que contribuyan a la modernización del derecho penal y a la construcción de un sistema de justicia más coherente, garantista y acorde a las complejidades de la realidad actual.
