El jurista peruano Jefferson Moreno advierte sobre el riesgo de que la presión mediática desplace al debido proceso en la justicia penal
En el marco del V Congreso Departamental de Ciencias Penales, organizado por la Universidad Privada Domingo Savio (UPDS) en alianza con la organización Abogado Joven, el jurista peruano Jefferson Gerardo Moreno Nieves planteó una reflexión crítica sobre el impacto creciente de los medios de comunicación en la administración de justicia penal. Su intervención, centrada en la relación entre derecho penal y medios, expuso cómo las dinámicas informativas actuales pueden incidir —e incluso distorsionar— el desarrollo de los procesos judiciales.
Durante su ponencia, Moreno explicó que la ciencia forense y la actividad probatoria en general no solo deben responder a las exigencias de la autoridad jurisdiccional, sino también garantizar el cumplimiento de principios esenciales del proceso penal, como la igualdad de partes y la contradicción. Estos principios permiten que la prueba sea debatida y cuestionada por todos los actores procesales, asegurando así decisiones más equilibradas y legítimas.
Sin embargo, el expositor advirtió que, en los últimos años, el rol de los medios de comunicación ha adquirido una influencia que puede resultar problemática para el sistema de justicia. Según señaló, la debilidad institucional —especialmente en contextos donde jueces y fiscales carecen de estabilidad— ha permitido que el llamado “cuarto poder” incida de manera directa en la percepción y, en algunos casos, en las decisiones vinculadas a procesos penales.
Moreno ilustró esta situación con ejemplos en los que la presión mediática y el debate en redes sociales terminan condicionando actuaciones fiscales o judiciales. En este escenario, sostuvo que los abogados no solo litigan en los tribunales, sino también en el ámbito mediático, donde las reglas, los tiempos y los actores son distintos. Esto genera un riesgo para el debido proceso, ya que la opinión pública puede adelantarse a los hechos y consolidar juicios paralelos.
Asimismo, enfatizó que este fenómeno no es exclusivo de un país, sino que se replica en distintos sistemas judiciales de América Latina. En el caso boliviano, mencionó que existen precedentes recientes donde la presión social y mediática habría incidido en la vulneración de derechos fundamentales, lo que invita a reflexionar sobre los límites entre la libertad de información y el respeto a las garantías procesales.
El análisis también puso en evidencia una tensión de fondo: mientras la ciudadanía exige respuestas rápidas frente al delito, el proceso penal requiere tiempo, rigor y respeto por las garantías legales. En ese equilibrio, el expositor cuestionó si la justicia puede sostener su legitimidad cuando se ve sometida a dinámicas de inmediatez y exposición pública.
El debate abierto por Moreno invita a repensar el papel de los medios en sociedades democráticas y su relación con el sistema penal, promoviendo una mirada crítica sobre cómo se construyen las narrativas de culpabilidad en el espacio público.
Este tipo de reflexiones refuerza el compromiso de la UPDS con la formación jurídica integral y la generación de espacios académicos que abordan los desafíos contemporáneos del derecho penal. A través de este congreso, la universidad impulsa una visión modernizadora que apuesta por
fortalecer las instituciones, promover el respeto al debido proceso y contribuir a soluciones estructurales frente a las tensiones entre justicia, sociedad y comunicación.
