El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz plantea cuatro pilares para transformar el sistema judicial boliviano
En el contexto del debate jurídico contemporáneo impulsado por el V Congreso Departamental de Ciencias Penales, la discusión sobre la independencia judicial y la eficiencia del sistema cobró especial relevancia a partir de la intervención de Aldo Ismael Quezada Cerruti, quien expuso una visión crítica pero propositiva sobre las limitaciones estructurales de la justicia en Bolivia.
Durante su intervención, Quezada enfatizó que la independencia judicial no está condicionada al presupuesto, sino que es un principio garantizado por la función jurisdiccional. No obstante, aclaró que la eficiencia en la prestación del servicio de justicia sí depende directamente de una mayor asignación de recursos, proponiendo elevar al 5% la participación del Órgano Judicial en el Presupuesto General del Estado, frente al actual porcentaje inferior al 0,4%.
El planteamiento se sustenta en cuatro ejes estratégicos. El primero es la creación de más juzgados, considerando que en Bolivia existe un juez por cada 110.000 habitantes, muy por encima de la recomendación internacional de un juez por cada 10.000 personas. Esta brecha, según explicó, genera una sobrecarga que impide responder adecuadamente a la demanda judicial.
El segundo eje está relacionado con la infraestructura, evidenciando las condiciones precarias en las que operan muchos tribunales, lo que limita el acceso digno a la justicia. El tercero apunta a la formación de recursos humanos, destacando que no solo se requiere aumentar el número de jueces, sino garantizar su idoneidad y capacitación continua. Finalmente, el cuarto pilar —de carácter transversal— es la inversión en tecnología, particularmente en la digitalización de expedientes, siguiendo modelos implementados en países como Perú, Brasil y Chile.
Quezada también reconoció las debilidades internas del sistema judicial, incluyendo casos de corrupción y bajo rendimiento de algunos operadores de justicia, aunque destacó el compromiso de muchos funcionarios que trabajan más allá de sus obligaciones formales. En ese sentido, sostuvo que mejorar las condiciones laborales y salariales, acompañado de un régimen sancionatorio más riguroso, podría contribuir a reducir prácticas irregulares.
Asimismo, identificó la necesidad de una mayor concientización social sobre la crisis estructural del sistema judicial, señalando que el problema está claramente diagnosticado, pero requiere voluntad política para su solución.
